Un informe del Financial Times reveló esta semana que Irán habría adquirido un satélite espía chino en 2024 y habría accedido a estaciones terrestres operadas por Emposat para vigilancia militar en Oriente Medio. Aunque China y la empresa negaron los hechos, el caso encendió alertas estratégicas sobre cómo infraestructura satelital comercial puede convertirse en herramienta de inteligencia militar.
Emposat, según su sitio oficial, opera más de 60 estaciones terrestres globales y ha prestado servicios a más de 370 satélites. La empresa ofrece telemetría, seguimiento, comando de satélites y recepción de datos. Su presencia se extiende a Sudamérica, lo que genera preocupaciones sobre el alcance de sus operaciones en la región.
El incidente iraní no es aislado. En abril de 2025, el Departamento de Estado estadounidense confirmó que la firma china Chang Guang Satellite Technology apoyaba ataques hutíes mediante imágenes satelitales. Reuters documentó además que China mantiene acceso a datos recolectados por infraestructura que construye en África, con presencia permanente de personal chino en las instalaciones.
Un informe de febrero de 2026 del Comité Selecto de la Cámara de Representantes estadounidense identifica al menos once instalaciones vinculadas a China en América Latina, distribuidas entre Argentina, Venezuela, Bolivia, Chile y Brasil. La estación de Río Gallegos en Argentina, autorizada como civil en 2021, aparece en esa investigación vinculada a personal rastreable hasta bases de lanzamiento del Ejército Popular de Liberación.
La República Checa prohibió a Emposat operar una estación terrestre en 2025, citando riesgos de espionaje. Francia también documentó sospechas sobre operaciones de vigilancia de la filial europea SATHD Europe cercanas a instalaciones de defensa.
Los expertos recomiendan que los gobiernos latinoamericanos suspendan nuevas autorizaciones para Emposat mientras realicen evaluaciones integrales de seguridad nacional. Advierten sobre la necesidad de mecanismos de revisión que combinen defensa, inteligencia y telecomunicaciones, exigiendo transparencia sobre propiedad, vínculos políticos y control de datos.
