El Gobierno convocó a la Mesa de Enlace a una reunión para el próximo lunes con el objetivo de presentar una propuesta sobre propiedad intelectual en semillas vinculada a la adhesión del país al tratado internacional UPOV-91. A la reunión asistirán el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y funcionarios de la Secretaría de Agricultura, encabezados por su titular Sergio Iraeta y el presidente del Instituto Nacional de Semillas (Inase), Martín Famulari.
Las entidades rurales habían presentado en marzo una propuesta de proyecto de ley a las autoridades agrícolas para que fuera debatida antes de enviar al Congreso la adhesión al convenio UPOV-91. A la reunión asistirán representantes de CREA, Aapresid y la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA). Por la Federación Agraria Argentina (FAA), participará Andrés Domínguez, ya que su presidenta Andrea Sarnari confirmó su ausencia.
Sarnari señaló que desde hace 20 años la entidad solicita fortalecer el Inase y aumentar los controles. Adelantó que el Gobierno presentaría una propuesta de fiscalización de semillas y que la FAA escuchará el planteo sin tomar decisiones inmediatas. Remarcó como prioritario el fortalecimiento del Inase como organismo de control con mayor presencia territorial, especialmente en relación al control de la denominada "bolsa blanca", que definió como "el problema histórico de la semilla de soja".
Respecto de la posibilidad de transferir funciones de control al sector privado, Sarnari indicó que la FAA no tiene una posición cerrada, aunque consideró que el Inase no debería perder su rol central en el territorio. Subrayó que puede haber acuerdos puntuales con privados en materias específicas como laboratorios, pero que el organismo estatal debe mantener el control sobre cultivos, producción y comercialización.
La dirigente cuestionó las afirmaciones del ministro Sturzenegger sobre falta de protección de propiedad intelectual en Argentina, señalando que existe protección que se paga a través de la compra de semilla fiscalizada. Recordó que el Inase carece desde hace dos décadas de un consejo directivo previsto por ley.
La propuesta de las entidades rurales busca mantener el pago de tecnología en la compra de semilla y permitir uso propio sin costo inicial, para luego evaluar mecanismos de pago sobre incrementos productivos. El esquema plantea un umbral de hasta 500 hectáreas con uso propio gratuito durante tres campañas.
