El presidente Javier Milei lanzó fuertes descalificaciones hacia los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, así como hacia las autoridades del canal Todo Noticias. A través de sus redes sociales, los calificó de "basuras inmundas" y "delincuentes", asegurando que su comportamiento evidencia una "malicia manifiesta" y complicidad de la producción del medio. El mandatario afirmó que los involucrados cometieron un "delito grave" por el cual deberían pagar, aunque no especificó los fundamentos técnicos ni los hechos puntuales que motivaron tal acusación.
Esta escalada verbal representa un nuevo episodio de confrontación del Gobierno con el sector periodístico. El mensaje presidencial se suma a una serie de agresiones previas que incluyen otros calificativos como "mentirosos" o "ensobrados" dirigidos a distintos cronistas y analistas. La hostilidad oficial coincide con medidas administrativas que han generado alarma en las asociaciones de prensa: recientemente, el Gobierno oficializó el cierre de la histórica sala de periodistas de la Casa Rosada, restringiendo el acceso de acreditados y limitando la circulación de información oficial.
Organismos de libertad de expresión advirtieron que estas políticas, sumadas al hostigamiento digital, representan un precedente peligroso para el control ciudadano y la salud democrática. Desde el ámbito periodístico, voces de peso denunciaron que la retórica presidencial no solo degrada el debate público, sino que incita a la violencia por parte de militantes en entornos virtuales.
El Ejecutivo sostiene que estas reacciones constituyen una defensa ante lo que denomina "fake news". Sin embargo, los trabajadores de prensa alertan sobre un intento sistemático de cercenar la libertad de expresión y estigmatizar las voces disidentes.
