Federico Sturzenegger expuso el plan del Gobierno para desregular el mercado inmobiliario durante el evento «Real estate 2026: expectativas y realidad». El ministro cuestionó directamente los privilegios que los colegios profesionales tienen por ley, señalándolos como factores que incrementan los costos en construcción e intermediación comercial de propiedades.
La administración fundamenta su estrategia en la experiencia de la derogación de la ley de alquileres a través del DNU 70/2023. Según Sturzenegger, esa medida funcionó como experimento exitoso al permitir mayor flexibilidad en los contratos de arrendamiento y generar una caída en los precios reales del mercado de alquileres.
El modelo de crecimiento inmobiliario que proyecta el Gobierno descansa en cambios macroeconómicos: fortalecimiento de la moneda local y aumento de los precios de las propiedades en dólares. En este contexto, uno de los objetivos centrales es impulsar una expansión del crédito hipotecario en la próxima década.
Para lograrlo, el Gobierno busca captar el ahorro de los argentinos a través de los bancos. La magnitud del desafío es considerable: existen más de u$s200.000 millones fuera del sistema financiero local. Si se logra atraer una porción significativa de esos recursos, el impacto en el crédito hipotecario podría ser sustancial.
La visión oficial apunta a un mercado inmobiliario más competitivo, donde los servicios se valoren por calidad y no por imposiciones legales. La eliminación de barreras normativas busca abrir oportunidades para el sector con crecimiento sostenido. La estrategia combina estabilidad macroeconómica con retornos atractivos del ahorro para generar confianza en inversores y consumidores, condiciones que el Gobierno considera necesarias para desencadenar un boom hipotecario.
