La deuda flotante del Gobierno ha experimentado un aumento que genera inquietud en el mercado financiero. Según los últimos datos de la Tesorería, esta deuda —que comprende gastos comprometidos pero postergados— creció casi dos billones de pesos en un mes, alcanzando un total de cuatro billones. El incremento abrupto en tan poco tiempo enciende alertas, especialmente considerando que la recaudación impositiva se encuentra en declive.

El contexto económico actual agrava la situación. El Estimador Mensual de Actividad Económica registró una contracción del 2,6% en febrero respecto al mes anterior, la más pronunciada desde abril de 2020. Sectores clave como la construcción y la industria manufacturera han experimentado retrocesos significativos, lo que complica el panorama fiscal del Gobierno.

Los ingresos reales llevan ocho meses consecutivos en caída, cuestionando la sostenibilidad del superávit fiscal que el Ejecutivo ha proclamado como logro de su plan económico. El crecimiento de la deuda flotante, que pasó de 1,9 billones a cuatro billones en apenas treinta días, plantea dudas sobre la verdadera magnitud del equilibrio fiscal y abre la posibilidad de ajustes adicionales.

Frente a esta coyuntura, el Gobierno debe contener gastos y reducir erogaciones para mantener el balance en las cuentas públicas. Sin embargo, la recesión en curso afecta a sectores fundamentales de la economía, lo que limita las opciones disponibles. El mercado financiero observa atentamente cómo evolucionará la deuda flotante y su impacto en las finanzas del Estado.

La estabilidad fiscal enfrenta desafíos complejos. La incertidumbre sobre una recuperación económica próxima intensifica la preocupación respecto a la viabilidad del esquema financiero actual y genera cautela entre los inversores que monitoreaban los avances del plan de ajuste.