La Cámara de Apelaciones de Nueva York anuló a fines de marzo la condena de más de US$16.000 millones que pesaba sobre Argentina por la estatización de YPF en 2012. El tribunal consideró que la jueza de primera instancia interpretó incorrectamente la normativa argentina y dejó sin efecto la indemnización. Sin embargo, los fondos demandantes —Petersen y Eton Park, respaldados por el hedge fund Burford Capital— ya notificaron que no cierran el conflicto.
Los demandantes preparan una ofensiva en dos frentes. Solicitarán una revisión adicional del fallo en Estados Unidos y, en paralelo, trasladarán el caso al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), tribunal arbitral del Banco Mundial que gestiona disputas entre Estados e inversores extranjeros. Esta estrategia abre un escenario potencialmente más riesgoso para el país.
El CIADI es el principal foro de arbitraje internacional en materia de inversiones y su competencia está habilitada por los tratados bilaterales que Argentina firmó mayormente en los años noventa. Desde comienzos de los 2000, se convirtió en el escenario central de los pleitos contra el Estado argentino. Según datos del Transnational Institute, el 94% de las demandas internacionales contra Argentina se presentaron ante ese tribunal.
El historial del país en el CIADI es profundamente adverso. Argentina encabezó el ranking mundial con 65 casos hasta 2025, posición que luego fue superada por Venezuela. Ambas naciones concentran cerca de un tercio de los reclamos iniciados contra América Latina y el Caribe. Lo más crítico: el país perdió alrededor del 86% de los casos resueltos en su contra y acumula laudos adversos por más de US$10.000 millones. Aunque las sentencias arbitrales no son ejecutables directamente, los beneficiarios pueden recurrir a tribunales nacionales para obtener reconocimiento de crédito y avanzar con embargos.
El antecedente más relevante es el caso Repsol. Tras la expropiación de YPF, la entonces accionista mayoritaria recurrió al CIADI invocando el tratado bilateral de inversiones entre Argentina y España, firmado en 1991. Esa controversia se cerró en 2014 mediante un acuerdo de compensación por US$5.000 millones que evitó una condena arbitral definitiva. Especialistas en derecho internacional señalan que Burford podría intentar una estrategia similar, apoyándose en ese mismo tratado para reformular el reclamo.
El litigio por YPF se suma a otros casos pendientes o en ejecución en el CIADI, entre ellos laudos por la expropiación de Aerolíneas Argentinas, condenadas por pesificación de contratos energéticos y fallos vinculados a congelamientos tarifarios. Varios de estos expedientes llevan más de una década sin resolverse plenamente, lo que refleja la duración extrema de los procesos y el impacto financiero sostenido.
Aunque la decisión de Nueva York fortaleció la defensa argentina, el potencial traslado del caso al CIADI reabre un escenario de alta incertidumbre. Se trataría de un proceso confidencial de varios años en un ámbito donde el país históricamente tuvo poco margen de éxito. Para el Gobierno, el desafío será doble: consolidar la victoria judicial obtenida en Estados Unidos y preparar una defensa sólida ante un eventual arbitraje internacional que vuelva a poner en juego cifras multimillonarias.
