Un análisis crítico sobre la forma en que se miden y se interpretan las cifras de pobreza en Argentina desafía la conclusión de un editorial del Washington Post que atribuye la disminución de la pobreza exclusivamente a políticas de liberación económica. Según expertos, los datos requieren una revisión metodológica para ser comparables con estimaciones anteriores.

La pobreza se calcula comparando el costo de una canasta básica de bienes y servicios con los ingresos disponibles de la población. Si los ingresos son menores al costo de la canasta, se considera que las personas viven en pobreza. Las cifras oficiales indican una caída del 53 por ciento al 28 por ciento en dos años, pero los especialistas señalan que esta reducción refleja múltiples factores que no pueden atribuirse únicamente a las políticas implementadas.

Según el análisis del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, la disminución incluye una menor inflación, incremento en transferencias de programas de protección social y una mejor captación de fuentes de ingresos. Sin embargo, la liberalización de tarifas de servicios públicos generó cambios en la composición de la canasta de consumo que aún no están reflejados en los cálculos, lo que produciría una subestimación de los números actuales.

Los analistas advierten que la tasa de pobreza del 53 por ciento fue, en gran medida, resultado de la devaluación del peso implementada en diciembre de 2023, que elevó significativamente el costo de la canasta básica. Con metodologías equivalentes, la pobreza se mantendría por encima de los niveles de 2018 y más cercana a las cifras de 2021 y 2022, entre el 35 y 38 por ciento.

Respecto a las políticas futuras, los expertos reconocen la relevancia del crecimiento económico y el papel del sector privado, pero señalan inconsistencias macroeconómicas. La tasa de desempleo alcanzó el 7,5 por ciento, superior al promedio previo de 6,5 por ciento. Contrario a lo planteado, los aproximadamente 400 mil puestos de trabajo perdidos corresponden mayormente al sector privado, no al público, según datos oficiales.

El crecimiento del PIB para 2025 fue del 1,3 por ciento, o solo 0,6 por ciento excluyendo el sector financiero. Las políticas macroeconómicas inconsistentes en materia cambiaria, monetaria, fiscal y comercial estarían contribuyendo a la desaceleración económica y a un leve aumento de la pobreza hacia finales de año.